Cuando una persona tiene fundados temores de ser perseguida en su país de origen por motivo de su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, es posible que soliciten asilo en otro país seguro.
Cuando una persona tiene fundados temores de ser perseguida en su país de origen por motivo de su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, es posible que soliciten asilo en otro país seguro.
Pueden solicitar protección subsidiaria quienes hayan sido condenados a muerte o corran el riesgo de su ejecución material, hayan sufrido o teman sufrir tortura, tratos inhumanos o degradantes; o provengan de lugares donde una situación de conflicto internacional o interno amenace gravemente la vida o integridad de los civiles.
En España, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio del Interior, durante el año 2021 fueron presentadas 65.404 solicitudes de protección internacional ante la Oficina de Asilo y Refugio. De estas, 15.995 corresponden a ciudadanos venezolanos quienes, con un 24,5% de las peticiones, ocupan el primer lugar en la lista de solicitantes de asilo.
Con 4.428 peticiones menos, el segundo lugar corresponde a los ciudadanos colombianos, quienes formalizaron 11.567 peticiones de protección al gobierno español.
Con relación a las personas cuyo país de origen es Colombia, durante el mismo período de tiempo contrastan las 1.169 resoluciones favorables con las 18.619 desfavorables obtenidas. Así, aunque los nacionales de este país suramericano fueron quienes más respuestas positivas recibieron, también lideran la lista de solicitudes denegadas, seguidos en este caso por los peruanos (con 4.330), hondureños (con 4.124), venezolanos (con 2.808) y salvadoreños (con 2.331).
Ahora bien, ¿cuáles son las principales razones por las que personas originarias de Latinoamérica quieren abandonar sus países de origen y muchas de ellas se ven forzadas a solicitar protección internacional? Estos son, a grandes rasgos, algunos de los motivos:
Colombia
Aunque el 26 de septiembre de 2016 se suscribieron los Acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), como resultado de los diálogos efectuados por las partes durante 4 años, que pusieron fin a la organización insurgente para conformar su propio partido político; la violencia sigue presente en el país suramericano.
Hasta agosto de 2020 los medios de comunicación daban cuenta de al menos 224 excombatientes asesinados desde la firma de los acuerdos de paz y, aunque Estados Unidos retiró a las FARC-EP de la lista de organizaciones terroristas en noviembre de 2021, incluyó en la lista a las Disidencias de las FARC-EP, clasificadas por el gobierno de Colombia como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).
Las Disidencias de las FARC-EP están integradas por excombatientes que no se acogieron a los acuerdos de paz y volvieron a las armas, con el objetivo de conseguir control territorial para actividades ilegales como extorsión, narcotráfico y minería ilegal.
Esta situación fue reconocida por la Defensoría del Pueblo de Colombia a través del informe “Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo”, presentado en abril de 2018, en el que se advierte que estos grupos violan los derechos fundamentales y cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Perú
Entre los años 1980 y 2000 Perú fue escenario de un conflicto armado interno denominado “Pacificación Nacional”, que se originó con las primeras acciones armadas del grupo Sendero Luminoso y se agravó con el surgimiento del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en 1984. Ambos grupos subversivos protagonizaron asesinatos, secuestros y atentados con explosivos, entre otros mecanismos que utilizaban el terror como estrategia, activando una violenta respuesta por parte del Estado.
Si bien hoy en día Sendero Luminoso mantiene una presencia muy discreta, en una zona selvática y poco poblada; la conflictividad social es una amenaza permanente en la nación andina. En efecto, la plataforma digital única del Estado peruano (Gob.pe) dedica un espacio en el apartado de Defensa, Seguridad y Justicia a “Conocer los conflictos sociales activos o latentes en el Perú” y describe un conflicto social como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia”.
Según el Reporte de Conflictos Sociales Nº 215 de la Defensoría del Pueblo, existen 203 conflictos sociales en el Perú hasta enero de 2022. Del total, 154 están activos y 49 se encuentran latentes. La Defensoría indica que preocupa el surgimiento de cinco nuevos casos y la reactivación de dos. Lamentablemente, estos conflictos tienen el potencial de escalar y derivar en estallidos de violencia si el Estado no interviene de forma positiva.
Honduras
Una información reseñada en ElEspectador.com en abril de 2021 daba cuenta de que “casi ningún hondureño quiere quedarse en su país. En las encuestas que han realizado universidades y varias ONGs, el ciento por ciento de los ciudadanos responden que quieren migrar o ya lo intentaron y fracasaron. Pero confiesan que lo intentarán las veces que sean necesarias”.
Una investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) revela que “los hondureños migran por la violencia, la pobreza exacerbada por dos huracanes (Iota y Eta) que devastaron el país en 2020, la corrupción en el gobierno y el caos en el manejo de la pandemia de coronavirus en ese país”.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cerca de la mitad de las peticiones de asilo en la frontera sur de México corresponden a nacionales de Honduras. La portavoz en Ginebra, Aikaterini Kitidi, confirmó que la mayoría de los casos están relacionados con la violencia en Centroamérica, que incluye situaciones de reclutamiento forzado, extorsión, violencia sexual y asesinatos.
También influye que la pandemia aumentó el riesgo de violencia contra las mujeres y niñas, entre otras razones por las medidas de confinamiento.
Venezuela
La crisis política y económica que vive Venezuela desde 2013 ha dado lugar a una crisis humanitaria que ha llevado a la migración de más de seis millones de personas en los últimos años, decenas de miles de ellos han llegado a España y han pedido protección internacional.
Sin embargo, debido a las peculiaridades de la situación venezolana, estas personas no califican para que les sea concedido el asilo ni la protección subsidiaria, por lo que, desde marzo de 2019, a la gran mayoría de los que habían solicitado asilo después del 1 de enero de 2014 y les hubiese sigo denegado, España les ha concedido residencia por razones humanitarias por protección internacional, habiendo otorgado más de 84.000 de estas residencias hasta el primer trimestre de 2021.
El aumento de la violencia institucional en Venezuela merma las garantías de los derechos civiles y políticos, en medio de una deriva autoritaria más amplia. Con la inflación más alta del mundo y una moneda casi sin valor, 20% de sus habitantes han abandonado el país, ocasionando la corriente migratoria más grande de Latinoamérica de los últimos 50 años.
El Salvador
Hasta hace pocos años El Salvador estaba clasificado como el país más violento del mundo sin guerra declarada. La nación centroamericana vivía una violencia excepcionalmente intensa y persistente, que enfrentaba a pandillas callejeras rivales sí, así como contra la policía y el Estado. Después de décadas muy sangrientas, las tasas de homicidios se han desplomado durante el Gobierno de Nayib Bukele, quien llegó al poder en junio de 2019.
Sin embargo, el fin de la conflictividad se divisa lejos en el horizonte de los salvadoreños. Datos oficiales de la Policía, reseñados por el ElPais.com en febrero de 2021, siguen contando a más de 60 mil pandilleros activos, una cifra que no ha variado desde 2010, que aún se dedican a las extorsiones y al reclutamiento de niños y adolescentes.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado que El Salvador "continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región". Según Amnistía Internacional, es uno de los países más peligrosos para las mujeres. Recientemente, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres ha revelado que en este país desaparecen cuatro mujeres cada día y el 62% de las víctimas de feminicidios tienen entre 18 y 30 años de edad.
Acnur ha revelado que el 89,28% de los emigrantes de El Salvador aspiran ingresar a Estados Unidos, el 3,20% a Canadá y el 1,23% a Guatemala. De 17.165 migrantes salvadoreños detenidos por la Patrulla Fronteriza y otras agencias de EE. UU. en 2020, el número ascendió a 98.690 en el 2021. Las cifras, del Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano, fueron reseñadas en enero de 2022 por ElSalvador.com.
Nicaragua
En febrero de 2022, la página web del New York Times reseñaba que el gobierno de Nicaragua “confisca universidades privadas y avanza hacia la dictadura”. Advertía que la medida del presidente Daniel Ortega era un intento por reprimir a la disidencia.
Actualmente, en Nicaragua hay al menos 170 presos políticos, entre los que se cuentan siete precandidatos a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Recientemente, más de un centenar de personalidades firmaron una carta pública dirigida al presidente Ortega para pedir que, mientras los activistas se encuentren en la cárcel, al menos cesen las torturas, se supriman las celdas de aislamiento y se les ofrezca atención médica adecuada, entre otras peticiones.
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el gobernante Frente Sandinista, canceló en febrero de 2022 la personalidad jurídica de seis ONG, entre ellas dos feministas y una defensora de derechos humanos. Así, suman 93 las ONG clausuradas por el gobierno desde fines de 2018, tras la revuelta social contra su administración.
Para ilustrar la gravedad del autoritarismo del gobierno nicaragüense, podemos mencionar el caso de la activista opositora Cinthia Samantha Padilla Jirón, estudiante de periodismo y de ciencias políticas de 22 años de edad que, en marzo de 2022, fue condenada a ocho años de prisión por “traición a la patria” por propagar “noticias falsas”.
Este mismo mes, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró su preocupación por las violaciones de Derechos Humanos cometidas desde abril de 2018 y las "duras sentencias de prisión" en Nicaragua.
¿Por qué España?
La Unidad de Inteligencia de The Economist elabora, desde el año 2006, un Índice de Democracia que incluye a 165 países. Para otorgarles una calificación del 0 al 10 toma en cuenta cinco factores: proceso electoral y electoralismo, funcionamiento gubernamental, participación política, cultura política y libertades civiles.
En su nueva edición, la correspondiente al año 2021, España se ubica en la posición 24 con unos notables 7.94 puntos; por lo que podemos asegurar que España es un país democrático que además cuenta con un andamiaje legal que garantiza los derechos fundamentales y de las libertades públicas de sus ciudadanos.
Además de tener un idioma común y compartir muchos rasgos culturales que facilitan su integración en la sociedad, los latinoamericanos que escogen España para solicitar protección internacional valoran que en este país todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Además, se garantiza la libertad ideológica, sexual, religiosa y de culto; el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; a la expresión, a la reunión pacífica y sin armas y a la tutela judicial efectiva, entre otros.
María José Flores Ortiz
Alumna en Prácticas
Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila UCAV
Tutora: Abogada Mirian Degiovani Cristaldo
